Llamaba la atención de la prensa italiana el auge al que llegó, a finales de julio, el debate iniciado meses antes en el Parlamento y que ahora permite pensar en la aprobación de una propuesta de ley muy singular para nuestros días tan laicizados: tras haber sido aprobada una ley similar por el Gobierno de Baviera, se presenta en el Parlamento italiano un proyecto de ley que pide la reintroducción de crucifijos “en un lugar elevado y bien visible” de edificios públicos; asimismo prevé multas de hasta 1000 euros para quienes por odio retiren “el emblema de la cruz” del sitio en el cual esté expuesto o lo vilipendie. Concerniría, pues, a universidades, escuelas, hospitales, estaciones de tren, aeropuertos, administraciones, salas de justicia, sedes diplomáticas…